Seguridad ciudadana
Dirección del Trabajo defendió orden de cierre de farmacia asaltada
El organismo reafirmó que es deber del empleador la protección de sus empleados ante situaciones de riesgo.
El organismo reafirmó que es deber del empleador la protección de sus empleados ante situaciones de riesgo.
La medida -que ya fue levantada- la adoptó la Dirección del Trabajo luego de dos "turbazos" que la hicieron concluir la existencia de riesgo para la integridad de los empleados.
Esta clase de disposición "traspasa a las empresas la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado", fustigó la CCS.
Tras un violento "turbazo" reciente, el organismo estimó que los empleados se encuentran en una situación de "riesgo grave e inminente" para su integridad y su vida.
Exdirectores del organismo cuestionan el criterio implicado en la decisión.
El sindicato N°1 de la cadena manifestó que hace un mes el gerente general dijo que la compañía estaba en "buen pie".
La empresa anunció ayer el cierre de 50 de sus locales y el despido de unos 500 trabajadores.
El subsecretario Fernando Arab se refirió a la restructuración de Farmacias Ahumada que dejará más de 500 personas sin trabajo.
Además, habló sobre los efectos de la lluvia y el granizo que también afectará a los trabajos del agricultura.
La cadena confirmó que "esta transformación organizacional" afectará "directamente a parte de sus trabajadores".
Según DF, se cerrarán 50 de 424 locales, cifras que la empresa no corroboró.
Así lo manifestó uno de los querellantes, el senador Guido Girardi (PPD).
Abogado Jorge Mario Saavedra está confiado en que se podrá revertir la decisión del tribunal.
Jaime Mulet conversó con Cooperativa tras conocerse la resolución del caso.
Explicó que todos los delitos fueron acreditados, pero que el término penal usado no fue el adecuado.
Fiscalía acusó alteración fraudulenta en precios de medicamentos entre 2007 y 2008.
La sentencia será entregada el próximo 28 de julio.
En esta causa son imputados 10 ejecutivos y un gerente de un laboratorio.
Ministerio Público solicita cinco años de prisión para cada uno de los involucrados.
La institución decretó 131 sumarios sanitarios y cerró 51 establecimientos.
Juan Luis Castro calificó de grave la situación, por lo que deberían ser más severas las sanciones.
El senador pidió terminar con la integración vertical en el rubro.
La Fiscalía Nacional Económica investiga una posible colusión de las tres grandes empresas.
No están recibiendo nuevas denuncias.
Organizaciones indican que el problema va más allá de la colusión.
Máximo tribunal desestimó recurso de casación de la firma.
Fue condenada por la campaña "precios bajos sin comparación".
The server cannot find the requested page:
The server cannot find the requested page:
