Isapres: Superintendente de Salud abordó los plazos de devolución de la deuda
Víctor Torres respondió las principales dudas de los auditores de Cooperativa sobre la aplicación de la ley corta.
Víctor Torres respondió las principales dudas de los auditores de Cooperativa sobre la aplicación de la ley corta.
Aunque el 54% dice no preocuparse por la crisis del sistema, el 63% piensa que Fonasa no está preparado para una migración masiva desde las aseguradoras.
Frente a un escenario de devolución que puede implicar la quiebra de las empresas, el 57% de los afiliados prefiere no recibir el dinero.
Se trata del remedio llamado Trikafta, que tiene un costo anual cercano a los 280 millones de pesos.
El proyecto de ley corta no impide que los mismos holding de las aseguradoras se apropien de tales contratos, intermediados por Fonasa.
"No sería bien visto que participen empresas comprometidas con este problema grave", admitió el diputado UDI Daniel Lilayu.
Camilo Cid ve "exagerado" que todas las isapres caigan en insolvencia aunque afirmó que están preparados "para todos los escenarios".
"Tendríamos que hacerlo muy mal como para que se produzca un desastre", agregó.
"No hay nada que anticipe que vaya a poner más presión sobre la red asistencial pública", explicó Andrea Albagli.
La autoridad sanitaria destacó que muchos de las personas que hicieron este cambio "van a seguir utilizando la red privada".
En la Comisión de Hacienda se abordó, con varias dudas, las atribuciones de Fonasa en caso de recibir pacientes desde el sistema privado de salud.
"El régimen de Garantía Explícita de Salud es un derecho legal", recordó la ministra Ximena Aguilera.
El trámite estará disponible hasta el domingo 31 de marzo.
Fallo favorece a una joven de 26 años que padece atrofia muscular espinal tipo II.
Hospital local, Servicio de Salud y Fonasa deberán adquirir para ella Risdiplam, que cuesta 120 millones de pesos.
Las acciones judiciales son por el endeudamiento que mantienen por "concepto de Ley de Urgencia y Rebase".
La Clínica Dávila Recoleta solicita 11.874 millones de pesos, mientras que Clínica Dávila Vespucio pide 11.230 millones de pesos.
La subsecretaria Andrea Albagli apuntó a la "responsabilidad que nos confiere como Estado" para saldar la deuda.
Desde los recintos privados calificaron como "inaceptable" la forma de pago propuesta por la Dipres.
El 90% de la deuda se debe a prestaciones que se dieron por Ley de Urgencia y Rebase y el 50% del total corresponde al año 2022.
El Gobierno propuso que a marzo del 2024 se pague el 40% del total y el resto al fin del periodo, algo "absolutamente insuficiente, inadecuado y abusivo", según el gerente general.
Durante este año son más de 400 mil las personas que se han unido a este sistema de salud.
Las isapres, por contraparte, siguen con una pérdida constante de afiliados desde el año pasado.
Deberán realizar las gestiones administrativas para la compra y administración del medicamento Trikafta.